La organización de adultos mayores hace un llamado a la sociedad en general a evitar los prejuicios, mitos y estereotipos que son constructos sociales y considerar la vejez como una etapa del curso de la vida a la que todos llegaremos.
La Paz, 1 de octubre (ANF).- La Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (Anambo) exige al Gobierno elaborar un plan de acción para implementar la ley 872, de diciembre de 2016, que ratifica la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
A casi cinco años de la promulgación de la Ley en favor de los Adultos Mayores, el Gobierno no realizó ninguna acción para implementar la norma, por lo que el sector se encuentra vulnerable en sus derechos.
Anambo exhorta al Ministerio de Justicia en el “Día Internacional de las personas de edad”, que se celebra este 1 de octubre, que, como dirección exclusiva de las personas adultas mayores, bajo dependencia del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, asuma su responsabilidad en poner en vigencia los derechos de los mayores de 60 años.
“Exhortamos al Ministerio de Justicia a elaborar un plan de acción para la implementación de la Ley 872 que ratifica la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y establece en el artículo 4 que los estados parte se comprometen a salvaguardar los Derechos Humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo”, señala parte del comunicado.
De acuerdo a la convención, los estados adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar “aquellas prácticas contrarias a la presente convención, tales como el aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados”.
También, los estados adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.
Entre otras obligaciones están la promoción y recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación “que le permitan formular y aplicar políticas a fin de dar efecto a la presente convención”.
Así como promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.
Anambo solicitó al Ministerio de Justicia que cuente con personal interdisciplinario y un responsable por departamento para que el trabajo sea más efectivo y eficiente y se pueda coordinar con los gobiernos departamentales y municipales.
La organización de adultos mayores hace un llamado a la sociedad en general a evitar los prejuicios, mitos y estereotipos que son constructos sociales y considerar la vejez como una etapa del curso de la vida a la que todos llegaremos.
“Exigimos en protección de los derechos instituidos en la Constitución Política del Estado, párrafo 2, artículo 68, que prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandonó, violencia y discriminación a las personas adultas mayores, y el artículo 7 de la Ley 369 General de las personas adultas mayores, que establece que las instituciones públicas y privadas deben brindar trato preferente a esta población”.
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