Representantes de los gremios que rechazan la Ley 1386 anunciaron que sigue la medida de presión. Permitirán el abastecimiento de alimentos entre las 5:00 y las 10:00. La Policía se refuerza con 200 efectivos llegados de Tarija y de Sucre.
El Gobierno respondió ayer con el envío de más policías a Santa Cruz y con la represión a las personas que se encontraban en los puntos de bloqueos en el segundo día de paro indefinido para exigir al Gobierno de Luis Arce la abrogación de la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y de Financiamiento al Terrorismo, a la que consideran atentatoria contra la libertad, la economía y el patrimonio de los ciudadanos.
A pesar de la represión policial y de la presencia de grupos de choques afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), los sectores movilizados anuncian para hoy la tercera jornada consecutiva de paralización de actividades, mientras que el Gobierno mantiene su silencio al pedido de diálogo con las partes en conflicto presentado por el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández.
Por la tarde, los representantes de los sectores acordaron la apertura para hoy de los mercados y supermercados por algunas horas (de 5:00 a 10:00) para que las personas se abastezcan de los principales productos. El paro multisectorial se mantendrá y completará su tercer día de protestas.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo que para sostener la medida es necesario flexibilizar los horarios para que las familias se abastezcan de alimentos. No obstante, recomendó que fueran caminando.
En las primeras horas de la mañana de ayer se informó sobre la llegada a la capital cruceña de por lo menos 200 efectivos policiales provenientes de Sucre y de Tarija. Fuentes del Comando Departamental afirmaron que serían traslados a las localidades de Montero y San José de Chiquitos para respaldar las acciones de desbloqueo de las carreteras. Pailón fue mencionado como otro posible destino de los uniformados, pero no fue confirmado.
Posteriormente, al mediodía, se produjo la detención de cuatro personas en el barrio Los Lotes y el desbloqueo por parte de la Policía en la avenida Santos Dumont y octavo anillo, después de que grupos de personas afines al MAS provocaron un enfrentamiento. Los uniformados utilizaron gases lacrimógenos y los chorros de agua del vehículo antimotines Neptuno, para despejar la ruta. Entre los bloqueadores se encontraban mujeres de la tercera edad y adultos mayores que recibían asistencia de los bomberos voluntarios, que también fueron gasificados.
La utilización de la fuerza pública para despejar los puntos de bloqueos también se produjo en Cochabamba, mientras que en Tarija sectores afines al MAS se enfrentaron a docentes y personal administrativo de la Universidad Misael Saracho que exigían la abrogación de la Ley 1386, así como la de Desarrollo Económico y Social, esta última por considerar que afectará la autonomía universitaria.
Las agresiones de la Policía y de los sectores afines al MAS en contra de las personas que protestan por la abrogación de la ley fueron cuestionadas por Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana.
“Deploramos las agresiones de la Policía y los grupos irregulares protegidos y azuzados por el Gobierno contra las protestas ciudadanas en Potosí, Oruro, Tarija y Santa Cruz. Exigimos el cese de la violencia masista y la liberación de los detenidos ilegal y abusivamente”, escribió Mesa en su cuenta oficial de Twitter.
Desde Estados Unidos, el exministro y exdiputado Guido Áñez Moscoso afirmó, vía redes sociales, que la concentración en Santa Cruz de fuerzas policiales y militares, además de la presencia de los grupos de choques afines al Gobierno, tienen el objetivo de generar miedo en la población.
Por su lado, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, solicitó al fiscal departamental, Róger Mariaca, que identifique y detenga a las personas que atacaron a los ciudadanos que estaban en los puntos de bloqueos.
Escenarios
El Gobierno, la oposición y los sectores en conflictos definen sus estrategias para los próximos días. Los manifestantes, liderados por los gremialistas y transportistas, acordaron ingresar al tercer día de paro indefinido, pero permitiendo un espacio de tiempo para el abastecimiento de las familias.
Por su lado, el alcalde Jhonny Fernández se involucró en el conflicto después de que fue recriminado por el gobernador Luis Fernando Camacho.
Fernández envió ayer una carta al presidente Luis Arce en la que “exhorta a su Gobierno y a los actores políticos, cívicos y sociales rechazar el camino de la confrontación y acceder al diálogo urgente para solucionar los verdaderos problemas del país. Asimismo, exigimos a las instituciones y autoridades políticas cumplir su mandato constitucional y gobernar para todos los bolivianos sin exclusiones, para salir de la pandemia y sigamos trabajando por la reactivación económica”.
El Gobierno evitó referirse a la carta enviada por Fernández. Desde la oficina del Vocero de la Presidencia informaron que no se pronunciarán hasta que exista un consenso en el Ejecutivo.
Fuentes del oficialismo indicaron que no descartan que la bancada parlamentaria del MAS presente ante el Tribunal Constitucional una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta para que se pronuncie sobre la norma 1386.
